Casi cuatro años después de que
Venezuela sancionó una ley específica que prohíbe a Estados Unidos financiar a
grupos políticos en el país, algunas organizaciones opositoras siguen recibiendo
millones de dólares para subvertir el orden interno
18 de julio de 2014
Foto: Contrainjerencia
CARACAS — Una investigación de la agencia
estadounidense Associated Press reveló que
el Departamento de Estado y el Fondo Nacional por la Democracia (NED,
por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro financiada por
el gobierno, enviaron alrededor de 7,6 millones de dólares a organizaciones
venezolanas el año pasado.
La cifra fue un 15 % mayor a la autorizada en el 2009. Al año siguiente, la Asamblea Nacional venezolana declaró ilegal ese tipo de financiamiento que socava la soberanía nacional.
En Washington,
el Senado tiene en estudio un proyecto
de ley para elevar la ayuda del Departamento de Estado a los “grupos
partidarios de la democracia en Venezuela” de los actuales cinco millones de
dólares a 15 millones como parte del endurecimiento de la política frente al
actual gobierno de Nicolás Maduro.
El NED omite los nombres de los destinatarios
venezolanos de sus informes anuales y desde el 2010 el Departamento de Estado
no identifica públicamente a los grupos venezolanos que reciben fondos.
Sin embargo, existen evidencias claras de que la NED,
junto a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, estuvo involucrada en
la creación y el financiamiento de grupos como Súmate, con una activa
participación en actividades violentas a mediados de la década pasada.
Uno de los fundadores de Súmate es precisamente María
Corina Machado, expulsada recientemente de la Asamblea Nacional y una de las
cabecillas de las últimas expresiones de violencia que han costado la vida a
decenas de venezolanos.
Varios gobiernos latinoamericanos también han sufrido
este tipo de acciones por parte de Estados Unidos, entre ellos Cuba, donde
recientemente se hizo público un escándalo que involucra a la Agencia para
la Ayuda Internacional (USAID), en
actividades subversivas a través de las nuevas tecnologías.
El año pasado,
Bolivia expulsó a la Usaid de su territorio y mostró evidencias de sus
actividades para socavar el gobierno de Evo Morales.
Asimismo, Ecuador prohibió recientemente a esa
institución financiar proyectos en el país.
Fonte: Granma
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