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| LISET SALGADO – A presença militar dos Estados Unidos na América do Sul gera polêmica e suscita o rechaço da maioria dos membros da Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que vêem nisso uma ameaça |
Publicado el 5/27/12
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Con Bolivia, Ecuador y Venezuela a la cabeza, recaban
un mayor nivel de información y transparencia e insisten en obtener datos
precisos sobre el despliegue estadounidense en el subcontinente.
La Casa Blanca asegura que no busca aumentar la
presencia de tropas y que su único interés en esa área geográfica se limita a
apoyar la guerra contra las drogas.
Pero gobiernos que integran la Unasur no están
convencidos y vinculan la existencia de enclaves militares norteamericanos en
la zona con la estrategia global de dominación del gobierno de Washington.
Coinciden en señalar que el despliegue de fuerzas
navales estadounidenses parece más un dispositivo para guerras convencionales
que para combatir el tráfico de sustancias prohibidas.
Según analistas, la Casa Blanca intenta recuperar el
terreno perdido en Suramérica y ejercer presión constante sobre los regímenes
políticos progresistas que han logrado abrirse paso en los últimos años.
Los expertos advierten que Washington pretende asegurar
sus objetivos geoestratégicos, lo que se traduce en un mayor control de los
recursos naturales (petróleo y agua) del mayor reservorio del planeta.
“No podemos permitir bases militares de Estados Unidos
en nuestros territorios”, sostuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales, en
diciembre último, durante la cumbre fundacional de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Morales alertó acerca de que la Casa Blanca tiene la
mira puesta en América Latina y el Caribe, en sus recursos naturales y en
desestabilizar a los gobiernos soberanos de la región. La Celac debe trabajar
en conjunto “para construir nuevas doctrinas en las Fuerzas Armadas” de cada
país que adopte como premisa la dignidad y la identidad con los pueblos, dijo.
Recuperar el terreno perdido
La consolidación de procesos integracionistas que no
lo incluyen -Mercosur, Unasur, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) y Celac- incidió en la pérdida de influencia política de
Estados Unidos en Latinoamérica en los últimos años.
Según especialistas, al perder la iniciativa política
y la económica -frente al empuje de China y Rusia y la existencia de la Unión
Europea- el gobierno estadounidense tiene una creciente necesidad de control de
tipo territorial.
Como señales de la importancia que la región, y
específicamente Suramérica, revisten para Washington cuentan la asistencia de
Barack Obama a la VI Cumbre de las Américas de Colombia y la visita de la
secretaria de Estado Hillary Clinton a Brasil, ambas en abril último. A finales
de ese mes el secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, realizó una
cuestionada gira por el subcontinente que lo llevó a Colombia, Brasil y Chile.
La coordinación de esfuerzos para la cooperación en el
tema de la seguridad y en la lucha contra el crimen trasnacional fueron
propósitos del recorrido de Panetta por el área.
Colombia y Chile son los dos aliados más firmes de
Washington en la región en términos tácticos, pero al decir de expertos, la
visita a Brasil adquirió mayor significación política y estratégica.
Fuertes críticas acompañaron al secretario de Defensa
estadounidense y exdirector de la CIA durante su primera visita a esos tres
países, sobre todo en Chile, a los que consideró importantes socios militares.
El ministro de Defensa venezolano, Henry Rangel,
aseguró que Panetta “vino a la región a vender armas y a amenazar”,
Según Rangel, Suramérica está consolidada “en una sola
patria grande” y lo que interesa al subcontinente es el “fortalecimiento real
de nuestras fuerzas armadas como un escudo impenetrable contra esas amenazas”.
Washington refuerza posiciones
De acuerdo con fuentes diversas, de las más de 800
bases militares que tiene el gobierno estadounidense en el mundo, una buena
parte se encuentra en América Latina y el Caribe.
El Pentágono maneja en Suramérica comandos militares
en Colombia, Perú, Paraguay y Chile, aunque se estima que haya otros
asentamientos en construcción e, incluso, algunos operando en forma
clandestina.
Washington ya no llama “bases militares” a muchas de
esas instalaciones, sino que, en un cambio de estrategia, las camufla con supuestas
acciones humanitarias bajo los nombres de Emplazamiento Cooperativo de
Seguridad o Emplazamiento Adelantado Operativo.
Con el pretexto de la asistencia para catástrofes o
eventuales emergencias, el Comando Sur ingresa en los países sin necesidad del
permiso que en otras circunstancias debería solicitar a las autoridades
nacionales.
El montaje de una de esas instalaciones en la
provincia argentina del Chaco, con infraestructura donada por Washington,
desató recientemente una intensa polémica tanto dentro como fuera de la nación
austral.
Organizaciones no gubernamentales cuestionaron el
referido centro, destinado a recopilar datos climáticos y ambientales en
Resistencia, la capital provincial, y se espera que entre en funcionamiento en
junio venidero.
Los detractores advierten que la instalación permite
al Comando Sur monitorear el área de la Triple Frontera (compartida por
Argentina, Brasil y Paraguay) y evaluar las perspectivas de explotación de las
reservas de agua dulce del sistema acuífero Guaraní.
A inicios de abril la apertura de un nuevo
asentamiento militar en Chile con asistencia del Departamento de Defensa
norteamericano reactivó la alarma entre los gobiernos de Suramérica.
Según la versión oficial, la base – con supuestos
fines humanitarios - “se especializará en el entrenamiento de soldados
destinados a la formación de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas”.
Analistas sostienen que la instalación, que generó
protestas de amplios sectores populares y organizaciones sociales, gremiales y
de derechos humanos, esconde la implementación de los planes estadounidenses
para controlar el Cono Sur.
También llaman la atención sobre las “acciones
humanitarias conjuntas” previstas en Perú para junio de 2012 en las que un
número no precisado de elementos del Ejército de Estados Unidos permanecerá
casi tres meses en el país.
Un profundo silencio mediático rodea los hechos,
mientras que los expertos insisten en recordar que el Comando Sur, adscrito al
Departamento de Defensa estadounidense, no es precisamente una organización
solidaria sin fines de lucro
En el verano de 2008 Estados Unidos decidió reactivar
la IV Flota después de 58 años y sin la consulta de socios regionales, lo que
generó preocupación en la mayoría de los gobiernos suramericanos.
La IV Flota, establecida en 1943 para enfrentar a los
submarinos alemanes que atacaban los convoyes en América del Sur, perdió razón
de ser tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo que fue disuelta en
1950.
Sin embargo, la reactivación de ese comando el 1 de
julio de 2008 destapó la controversia y países como Argentina, Brasil y
Venezuela reaccionaron alarmados.
Como para echar más leña al fuego, en el 2009 la Casa
Blanca firmó en secreto con el gobierno de Bogotá un acuerdo que garantiza a
esa nación norteña y a sus tropas mayor acceso a bases militares enclavadas en
territorio colombiano.
La Unasur manifestó entonces su preocupación con el
pacto, pues sus objetivos y potestades son ambiguos al establecer que los dos
países enfrentarán cualquier tipo de provocación, siempre que la perciban como
tal.
Venezuela y Ecuador denunciaron el acuerdo como una
potencial amenaza al balance estratégico de la región, en tanto el gobierno de
Caracas lo consideró un peligro para su seguridad nacional.
* Periodista de la Redacción América del Sur de Prensa
Latina.
Fonte: Contrainjerencia
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